Desde la recuperación de la democracia en el 2000, el poder en el Perú se transfirió de un presidente a otro obedeciendo lo mandado por las urnas. Esto cambió desde marzo del 2018, con la renuncia de Kuczynski.

En un país donde las crisis de gobierno son constantes, la precaria y endeble democracia peruana parecía sostenerse a pesar de las denuncias de corrupción, de los ministros descartables y las masacres generadas por conflictos sociales. Ni la impopularidad de Toledo, los casi 200 ciudadanos abatidos en protestas por el gobierno de Alan García o el alevoso giro de Humala impidieron que culminaran su periodo de gobierno. Pero Kuczynski con su impericia política no fue capaz de contener la arremetida de la derecha conservadora que veía en este banquero liberal a un socialista disimulado y a su gestión como una coladera de caviares. Con la caída de PPK la banda presidencial no se posó más en quien ganara las elecciones sino en quien pudiera sostener la mejor correlación de fuerzas en el Congreso. La desestimación de la última moción de vacancia parece ser consecuencia de esto.

Así como en Argentina se ha instalado el mito político que ningún presidente no peronista puede terminar su mandato, en el Perú está sucediendo algo parecido con los gobiernos opuestos a la derecha conservadora. Cinco mociones de vacancia en cinco años son prueba de cuan implacable es la oposición conservadora en el Perú.

Gracias a Alan García se selló una alianza tácita de sectores conservadores donde confluyeron partidos políticos tradicionales como el APRA y el PPC, altos mandos militares y de la Marina, fundamentalistas religiosos y los sucesores de la tecnocracia forjada en el MEF de Alberto Fujimori. Esa alianza se construyó con la argamasa del anticaviarismo o anticomunismo y la defensa a ultranza del modelo económico. Allí se ha arraigado la práctica de destituir todo gobierno ubicado en las antípodas de aquella argamasa. Más allá de los hechos específicos que motivaron las vacancias, queda claro que, para esa alianza, la contención no es una virtud democrática válida en el juego político peruano. La sana práctica de “esperar hasta las próximas elecciones” después de una derrota es una “pelotudez democrática” para quienes, además, niegan cualquier legitimidad a sus adversarios. En los discursos de Alejandro Cavero, Barbarán, Nano Guerra, Montoya o Adriana Tudela el “gobierno comunista” es un enemigo al que hay que doblegar por cualquier medio.

Lo peor de todo es que en la alianza conservadora se ha instalado un relato pernicioso donde no ven menoscabo alguno a la democracia en cada vacancia, todo lo contrario, entienden que la destitución es un mecanismo patriótico para salvar la institución presidencial de malos gobernantes elegidos o sostenidos por una equivocada mayoría de peruanos, que, sometidos por su ignorancia y falta de educación, no les votan a ellos. Esta retórica ha generado un profundo resentimiento entre quienes se han visto derrotados los últimos quince años, que, aun si se proclaman liberales, en realidad solo defienden a cualquier costo sus propios derechos y libertades, pero que desprecian los derechos y libertades de quienes no piensan como ellos. Esto puede resumirse en el “lo importante no es votar libremente, lo importante es votar bien” de Vargas Llosa.

La democracia no es una rutina o cumplir solo con lo que está escrito en la ley. Es una vocación, además de una práctica política que debe ser renovada y ejercitada constantemente. La contención es un ejercicio fundamental para el sostenimiento de un sistema democrático; desconocer resultados electorales, inventarse fraudes en comicios y destituir presidentes cada año hacen mella en un sistema que, ya de por sí, tiene serias deficiencias estructurales y que podría venirse abajo en cualquier momento.